El canon digital: medida falaz, antisocial y contraproducente
El otro día reventó mi cabreo; saltó al ver que el canon digital, al final, iba a permanecer en pie. Hoy, con un poco más de tiempo y sosiego, pongo un poco más de carne en el plato. Sobre todo al ver que César está liderando el esfuerzo por dar una orientación correcta a la cuestión: me uno gustosamente a su iniciativa. ¡Fuera canon!
En el caso del canon, se trata de una medida que pretende combatir actuaciones ilícitas con una recaudación, que ni resuelve el problema, ni repercute razonablemente sobre los transgresores, siendo por ello doblemente inadecuada. Pero es que, además de considerar al canon una medida necia e incluso contraproducente, me preocupa hondamente la idea subyacente: que una recaudación generalizada sea, de forma alguna, una medida que responda adecuadamente a un fenómeno tan arraigado como extendido y que, a todas luces, es un estorbo económico.
No cabe ningunear el problema de piratería
No nos llamemos al engaño. Las copias ilícitas – ya sea de música, películas, videojuegos o de software – son una plaga parasítica. Demasiado fácil es esconder la mano con el argumento que las empresas propietarias de la mayoría de los derechos intelectuales correspondiente sean enormes multinacionales que, con sus ingresos y beneficios, ya van bien servidas. Sin duda, y en el caso de software, Microsoft y Adobe son multinacionales mayúsculas; sin embargo, la cuantía de la pérdida global de ingresos por piratería es suficiente como para superar al volumen de ventas hasta del gigante de de Redmond (hasta estimaciones conservadoras sitúan la cifra de pérdidas por piratería cerca de los $60.000 millones anuales, y eso sólo para EE.UU.). No menos cierto es que la piratería es absolutamente ciega, y afecta a muchas otras empresas productoras de software, que no disponen ni remotamente de los recursos de Adobe o de Microsoft.
También está claro que la piratería elimina el incentivo para producir software traducido a otros idiomas, lo que a su vez reduce la disponibilidad, o mejor dicho: frena la difusión y el uso de herramientas informatizadas. En el caso concreto del español, se trata de un hipotético mercado global de casi 500 millones de personas; es un mercado de suficiente peso absoluto para resultar a primera vista muy atractivo, aún obviando cuestiones de distribución de poder adquisitivo, e incluso dejando de lado las posibles variantes lexicográficas, puesto que un servidor tiene acumulada ya bastante experiencia al traducir software de tal forma que se evite la necesidad de lanzar versiones en paralelo. La cruda realidad es que en los países de habla española el problema de la piratería es enorme. Igualmente realista es constatar que el despliegue de productos en los estantes en esos mismos países es incomprensiblemente raquítico en comparación con lo que uno puede comprobar aquí en EE.UU. Es ineludible la impresión que existe una firme relación entre estos dos fenómenos.
Más inteligencia en el destino de recursos financieros públicos
Por supuesto, también existe una asombrosa diferencia de precios de mercado entre los EE.UU. y otros países, que no se explica de forma satisfactoria si uno sólo considera costos relacionados con el transporte y la gestión de empresas distribuidoras implicadas. Allí incide la diferencia entre regímenes tributarios.
Con tanto énfasis que se pone a nivel administrativo en potenciar las empresas de las TIC, resulta difícil de creer que no se empleen con mayor agresividad los instrumentos del arsenal tributario, precisamente para hacer más asequibles las herramientas necesarias para su desarrollo. Por tanto, además del pirateo, existe un factor administrativo que eleva los precios. Es obvio que un impuesto adicional como el canon no hace nada para aliviar la situación; más bien lo contrario.
¿Acaso hay quien piensa en ofrecer incentivos fiscales a empresas productoras de software para que ofrezcan versiones traducidas sin repercutir desorbitadamente en su precio de salida al mercado? Ahí es donde creo que resulta mucho más eficaz la acción administrativa.
Barriendo un poco más para mi lado, e incidiendo en lo lingüístico, me parece que un esfuerzo serio y bien planteado para sentarse con las productoras de software y negociar tales incentivos podrían (y a mi juicio: deberían) contemplar asimismo el fomento de la implicación o colaboración de instituciones como la Asociación de Academias de la Lengua Española. La idea es bien simple: cuanto más esfuerzo se haga para difundir terminología propia del idioma, más accesible se hará. Me parece que abundan las oportunidades para combinar lo práctico con lo necesario; en lugar de meterse en extrañas tareas de redistribución de fondos extraviados, abogo por que se parta de un planteamiento de apoyar los centros de producción empresarial y de desarrollo cultural, por la vía del vehículo común, que es el idioma.
Software abierto como punta de lanza contra la piratería
Antes me referí a una posible alternativa de actuación administrativa que pueda dar argumentos económicos en aras de una mayor disponibilidad de software, para restar argumentos a quien pudiese considerar una copia ilegal. ¿Por qué pues no contemplar el software abierto (aunque software libre me parece más adecuado como término) como eje de actuación fundamental contra la piratería? Desde luego, y si nos fijamos sólo en uno de los “clásicos” objetos de piratería de software, el paquete de ofimática Microsoft Office, existe una alternativa que, además de brindar todas las funciones que la inmensa mayoría emplea (procesador de textos, hoja de cálculo, diseño gráfico, presentación de diapositivas, y gestión de bases de datos), tiene un coste de adquisición bajísimo: OpenOffice. No solo puede abrir e intercambiar documentos en los formatos “cerrados” con los programas correspondientes de Microsoft Office, sino que además está disponible en español. Otro ejemplo “popular” es Adobe Photoshop: en lugar de ello, puede usarse en la gran mayoría de los casos el programa de tratamiento de imágenes Gimp – que también está disponible en una versión para Windows. Incluso los archivos de ayuda están disponibles en español.
Es más: si se hiciera un esfuerzo más serio – sobre todo en el ámbito de las administraciones públicas – para fomentar el uso de software libre, se daría un impulso enorme a la participación de personas que, en el caso de productos no libres, hasta tenían vetada su cooperación: precisamente por tratarse de productos en desarrollo abierto, están abiertas todas las posibilidades para cooperar y contribuir (empezando por lo más esencial, por ejemplo el desarrollo de manuales, archivos de ayuda, y por supuesto la traducción de software), dando lugar a que una región de consumidores se convierta en una región de productores de software.
Por supuesto, el impulso dado así al sector de los TIC sería mayúsculo – con un rendimiento a plazo indudablemente superior al esfuerzo que supone una migración a plataformas de software abierto / libre. Y finalizando este enfoque en software, el empleo de un sistema operativo libre como Ubuntu está hoy en día plenamente justificado: quien haya hecho la prueba, sabe que Ubuntu compite en rendimiento, estabilidad, y facilidad de aprendizaje y manejo con Microsoft Windows. Una vez más, hay un esfuerzo fantástico en curso para usar y disfrutar de Ubuntu en español.
Me cuesta cada vez más creer el argumento de “libertad de elección” cuando sea usado contra una posible obligatoriedad de emplear software libre en las administraciones públicas. Salvo casos puntuales en los que (aún) no hay versiones equivalentes de software abierto, tanto el ahorro en gastos de licencias como empuje dado a la participación en el desarrollo de software abierto son argumentos de suficiente peso como para compensar tal esfuerzo con creces. Yendo al grano: creo que mediante el uso generalizado de software libre se asestaría un golpe enorme contra la piratería, al atacar por los frentes principales: por los argumentos de economía y del efecto llamada, el uso creciente y en cascada por el ejemplo servido por las administraciones públicas.
La solución falaz del canon
Volviendo al canon digital, el instrumento de gravar reproductores, grabadoras y soportes vírgenes no es ni remotamente una compensación justa (y menos aún eficaz) para cubrir los ingresos perdidos de empresas afectadas por el fenómeno de la piratería. El supuesto remedio, mediante el cual pagan todos por pecadores — para qué llamarnos al engaño cuando existe el recurso evasivo de las importaciones paralelas para quienes hacen un negocio furtivo de copias piratas – es, a la vista del alcance del “problema” al que se pretende responder, un planteamiento tan ridículo por su ineficacia, como nulo en sus efectos: ya que pagamos en “compensación” por las copias piratas, pues ¡qué más da que nos hagamos una copia más o menos ajustada a la legalidad! Claro está que el haber pagado el plus criminal tampoco resuelve la naturaleza de las copias ilegales, que por otra parte y desde luego no desaparecerán por el canon.
La equivocación esencial de este enfoque es que se trata la cuestión de la piratería de manera desigual que los relojes y los bolsos falsos. ¿Acaso se les ocurre a los diputados de PSOE, Convergencia i Unió, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida apoyar un impuesto específico nacional sobre trajes – que al fin y al cabo son el complemento natural de esos accesorios de moda – para así compensar a los pobres de Rolex y Cartier? Una propuesta así no se sostendría por la escasa proporción de repercusión social de los directamente afectados, más aún si se contrasta con la base de recaudación prácticamente universal que conlleva tal “solución”.
Tampoco conlleva conexión alguna con un esfuerzo por erradicar el problema real, al que ostensiblemente se responde. Quizá sí podría existir tal conexión, si se destinaran los fondos recaudados por el canon para financiar el gasto de perseguir piratería con un aumento de efectivos destinados a tal fin. Pero claro, en tal caso pierde fuerza el argumento de redistribución de ingresos perdidos por piratería.
Otro escollo sistemático está en el hecho que los fondos recaudados por el canon (insisto en tratarlo como un impuesto) son gestionados en España por una entidad externa de dudosa transparencia en su gestión administrativa, la SGAE, en lugar de las propias administraciones públicas. Por ello resulta, más que dudosa: sospechosa la correlación proporcional de flujos compensatorios que se supone debe existir entre una operación de recaudación de fondos por pérdida de ingresos, y los damnificados por las prácticas de piratería.
Propuestas de similar efecto ridículo
Puestos a hacer propuestas de “política redistributiva” de similar calado, ¿por qué no imponer un impuesto sobre los alimentos grasos y aquellos ricos en hidratos de carbono, para así ayudar a sufragar el gasto de tratamiento de personas que padecen de obesidad excesiva? El que coma ¡que se solidarice con quien abuse de comer! Venga, otro: un impuesto especial sobre turismos (¡y gasolina!) para compensar las víctimas de conductores borrachos. El que conduzca ¡que se solidarice en el billetero con las víctimas con las que la DGT tanto nos tiene mentalizado! Y para apoyar a las víctimas de violencia de género, pues un impuesto sobre los calzoncillos para varones adultos, y otro, por supuesto proporcionalmente reducido, sobre sostenes. ¿Hay quién da más?
La “solución” del canon digital trata el auténtico problema, la piratería, con un desprecio, un desconocimiento y una desidia vergonzante y escandalosa. Aplicado al caso del Titanic, es como si sólo se hubiese pensado en “remediar” el fallo fundamental de diseño mediante la instalación obligatoria de bombas de agua más potentes. En lugar de acotar y combatir el problema de manera sistemática, se echa mano al balones fuera. Pero la comparación no acaba ahí.
Hacer un roto con un descosido
No solamente me parece el canon digital una medida ineficaz, al no hacer frente al problema de fondo, sino que la considero un instrumento contraproducente. No se resuelve la causa de la pérdida de ingresos, y con ello, se hace oidos sordos a las fuerzas que propulsan la piratería. Peor aún: se obvia un problema que me parece muchísimo más serio aún que la pérdida de ingresos, con una repercusión prácticamente universal. Se olvida la conexión existente, bastante directa además, con la pandemia del malware y spam. Al no remediarlo, se da todo el terreno al desarrollo continuado de las pérdidas económicas ocasionadas por piratería, y que superan con creces el ámbito de pérdida de ingresos.
El drama mayor de la piratería
El problema de la piratería audiovisual no es nuevo. Hace quince años también se hicieron copias ilegales. Lo que sí ha cambiado es la extensión del problema: no se puede comparar en absoluto la escala de las copias pirata a principios de los años 90 con la situación actual. A pesar de haber incidido antes en los más directamente afectados de la piratería, éstos son una mera fracción del total de la población – incluso si sólo contemplamos los consumidores de reproductores, grabadores y soportes vírgenes – es igualmente obvio que en España, lamentablemente, el número de copias legales es una mera fracción del total de copias en circulación. Aún así, reconociendo tanto el enormemente inflado volumen del mercado negro como su valor económico y la consiguiente pérdida de ingresos para los dueños legítimos de derechos intelectuales, se está obviando la clave del problema. A diferencia de la situación a principios de los años 90, tenemos ahora a nuestra disposición casi universalmente un canal de distribución: internet. Esa herramienta es el principal impulsor y vehículo de las copias piratas.
Pero el auténtico drama de las copias piratas se está ocultando detrás de los argumentos de unos pocos privilegiados, encabezados por la SGAE, que con su mal rollo del canon ha estropeado lo que debería haberse planteado como una oportunidad para impulsar las TIC. En su lugar, el ruido generado por la SGAE oculta un tema que creo es hasta asunto de seguridad nacional – por no decir causa de bastante alarma social: los delitos de propagación de malware y de spam.
Internet: aquel frente olvidado
Internet es indudablemente la causa primordial del despegue de delitos de derechos de autor de los últimos quince años. ¿Hay otras fuentes de piratería digital? Claro que sí. Todos conocemos los top manta con su oferta de CDs y DVDs baratos de dudosa procedencia. También conocemos todos al listillo del colegio, o ese compañero de trabajo o vecino del barrio con su negocio paralelo, y que siempre se las arregla para tener las últimas canciones y películas, y ofrece “compartirlas”, o incluso (y no me vengan con historias que se trata de casos sumamente aislados) ese chispas que trabaja en una empresa local de informática: oiga, si me instala el Office le compro el portátil… Etcétera. Sin embargo, a pesar de lo común de estos casos típicos, las principales fuentes de material pirateado para estos intermediarios son prácticamente siempre las mismas: la red.
A diferencia de productos “tangibles” con notables diferencias de precio entre continentes y países vecinos como el de la gasolina (una vez más, aquí en EE.UU. la relativa baja presión tributaria explica los precios asombrosos de combustible), el material pirateado se difunde perfectamente por internet. Y por ello, además de la disponibilidad universal e inmediata de internet, creo que ese canal de distribución sirve de válvula de escape para el diferencial existente de precios.
Estoy convencido del hecho que un mercado de productos digitales a precios mucho más razonables acabará madurando. Y que eso se traduce en cifras totales de ventas bastante más elevadas de esos productos. Con ello no pronostico la erradicación de piratería. Sí estoy convencido que un mercado maduro acaba comportándose como cualquier sociedad compuesta en su gran mayoría por adultos. De lo que se trata es de compatibilizar las realidades sociales – con los esporádicos elementos antisociales que siempre confirman la regla – con la realidad virtual, que las acabará reflejando en su justa medida. En definitiva, creo que hay que trasladar una actitud de tratar una sociedad como un conjunto de adultos también a la red, y dejarse arrastrar un poquito menos por las histerias (y sus misterios) de última generación que se atribuyen con ahínco a las generaciones más jóvenes, como si eso implicara una justificación, o menos aún: una explicación satisfactoria, para tratar a todos como siendo imbéciles inmaduros, como con el caso del canon digital, por el que pagan todos por criminales. Si se quiere hacer madurar la red, habrá que tratarla con seriedad.
Hay varios factores que empujan ese tráfico de material pirateado por las tuberías de internet; enumeraré los más obvios.
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Por las características de la red, el acceso al material es instantáneo, universal y rapidísimo; sobre todo ahora que el acceso a internet de banda ancha se ofrece a unas velocidades y con una cobertura bastante amplia (aunque mejor no hablar de precios, ya saben por dónde voy).
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Además, internet se ha convertido en una enorme palanca comercial que empujó PCs en el interior de prácticamente todos los hogares; por ello, la oportunidad para acceder a material pirateado es prácticamente universal.
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Por otra parte, se están convirtiendo en ocasiones cada vez más excepcionales aquellas en las que se vende un equipo sin grabadora / estampadora de DVDs incorporado, sobre todo en el mercado destinado a consumidores.
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Por no hablar de la plétora de ofertas de estampadoras cada vez más baratas, rápidas y de mayor capacidad; cualquiera que sabe abrir una caja de PC los puede instalar.
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Los soportes de DVD (y por supuesto, aunque cada vez menos usados, de CDs) se venden cada vez menos por paquete de 10, y más de 100 en 100 (cómo no, hasta en las tiendas de todo a cien céntimos de euro) y siempre a precios de ganga.
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Por supuesto, no se puede abordar el tema de piratería por internet sin mención de las redes P2P; toda una constelación de argumentos y factores como para entrar en un debate paralelo. Estas redes son enormemente relevantes. Por las características de su diseño, orientado precisamente a facilitar la distribución material por internet de manera fiable, rápida y de forma exponencial en su distribución: cuanto más demanda hay por un determinado material, más disponible aún se hace.
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La falsa leyenda del anonimato de las redes P2P – sobre todo de aquellas más usadas para la difusión de material con copyright – hace que muchísimos usuarios encima se lo creen y piensan que son invisibles, lo que por otra parte también fomenta la sensación de pertenecer a una suerte de subcultura subterránea: como no me ven, mangoneo otro poquito más, qué más da y quién me va a ver…
El caso es que, pese a ser ésta un mera lista parcial de factores que empujan productos ilegales por la red, se está dando al problema de la piratería un enfoque absolutamente desquiciado: en lugar de fomentar el uso responsable, con medidas que lo estimulen de forma positiva, se está imponiendo un impuesto que, además de contribuir a la fundamental carestía, ignora su canal esencial de distribución.
Malware, spam, fraude: la piratería es una mera fracción del problema
Es curioso que el enfoque en el debate sobre piratería en España, y una vez más: con la SGAE y su sonora sordina al frente, vaya en un sentido contrario a lo que se observa en otros lugares. Quizá sea por el factor afable propio de la cultura: quizá se piensa que, al mencionar autores en situación de hambruna, se obvie un planteamiento más serio, más eficaz, y menos llevado por lloriqueos estériles. Hasta la asociación de empresas de software en EE.UU., la Business Software Alliance (BSA) se está fijando en el nudo del problema, que está en internet, pidiendo acción contundente al Congreso. Al margen de sus estudios sobre el alcance de piratería a nivel mundial (el estudio correspondiente a 2006 indica que en España la tasa de productos de software pirateados era del 46%, lo que representa unas pérdidas de $865 millones) parece que se percataron del significado que un 95% de todos los envíos de correo electrónico son spam, según afirman tanto Commtouch como IronPort. Peor aún: la empresa Return Path ha descubierto el año pasado que un 99% (!) de los sistemas que tiene bajo observación y que envían spam son zombies – equipos presos de piratas. Y eso sin hablar de empresas legítimas que patrocinan el uso de botnets en busca un impacto publicitario… Sin saberlo.
Esta brutal realidad no sólo eclipsa las cotas de incidencias de piratería de productos digitales, sino expresado en dinero (ya hace más de seis años que la Comisión Europea calculó el coste global de spam en €10.000 millones anuales). Por otra parte, es espeluznante que muchos aún confían en productos “clásicos” de antivirus para protegerse de los ataques cada vez más sofisticados para hacerse con el control de PCs, mientras que la práctica demuestra que ya no es suficiente; por ejemplo, según la empresa Prevx, que ofrece una herramienta de protección en tiempo real y complementario, los productos antivirus tradicionales cazan sólo una fracción del malware que se viene distribuyendo últimamente. Peor aún, si cabe, es que los propios productos antivirus tienen problemas de seguridad, por lo que son vulnerables como posible vector de ataque.
Atacar el problema de malware debería tener la máxima prioridad en una política seria y sólida para combatir la piratería, y desarrollar un tejido industrial de las TIC en condiciones de competir a nivel internacional, más aún en el terreno de habla española - un mercado demasiado ignorado. Por otra parte, un esfuerzo por hacer asequibles los productos culturales en formato digital debería centrarse en formas de abrir su disponibilidad, bajando su coste de adquisición, en lugar de elevar de forma uniforme las barreras de acceso, al aumentar artificialmente el coste de posibles alternativas, sean legales éstas o no.
O sea, que además de existir problemas más acuciantes y de mucho mayor impacto, que causan pérdidas totales de mucho mayor envergadura (bien sea en medidas de seguridad necesarias como consecuencia del relativo vacío por inacción gubernamental concertada a nivel mundial, o en gastos relacionados con ataques criminales de botnets en las que España lamentablemente juega un papel importante) y que realmente sufrimos todos quienes usamos internet, hay una obsesiva ignorancia del problema de inseguridad, y de cómo afrontarlo adecuadamente. La verdad es que no entiendo cómo se les ha podido colar una tontería necia como el canon digital a tantos representantes de partidos de izquierdas, habiendo no sólo problemas mucho más acuciantes a la vista, sino existiendo soluciones para ellos que se pueden y deben adoptar a la mayor brevedad posible en su lugar. Para empezar, el canon debe desaparecer como medida falaz, antisocial y contraproducente que es - aunque su intención sea otra.
En definitiva, ésta es la versión ampliada de mi posición como socialista contrario al canon digital.
Como dicen: pásalo.
Posdata agregado el miércoles, 2 de enero del 2008: esta tarde (hora del Pacífico) ampliaré el argumento a la legislación sobre la copia para uso privado y no comercial, que sin embargo se tasa; ahí es donde veo el origen del problema con el canon.
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Yo estoy contra el sistema de canon por copia privada y sin embargo, no estoy en contra de que se remunere, de alguna forma, a los titulares de los derechos -que no a las entidades de gestión- por la copia que para usos privados hacen los usuarios de soportes legalmente adquiridos. Porque es eso, (y no la pirateria y las descargas ilegales en Internet -que son delito- y que nada tienen que ver con la excepción de copia privada para fines no comerciales) lo que supuestamente compensa el canon. Hay que buscar un sistema alternativo, donde no paguemos todos por el hecho de que unos pocos copien material protegido. Y digo unos pocos porque estamos hablando de copiar material protegido que ha sido legalmente adquirido no material protegido adquirido ilegalmente (top-manta; descargas de Internet que es lo que realmente está haciendo daño a los titulares de las obras). Tu comentario confunde, en mi opinión, piratería como excepcion de copia privada -algo que tambien han estado haciendo demagogicamente todas las entidades de gestión con SGAE a la cabeza- y esto es lo primero que debería aclararse.