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Medios increíbles: el caso del Madison County Record

Nota previa: El pasado día 13 escribí algo sobre el caso de Armstrong Williams. Al día siguiente me topé con otro parecido, pero una avalancha de curro me impidió finalizar esta entrada… Hasta hoy. Se piden disculpas.

Para adictos a la actualidad política, como el que suscribe la presente, lugares como el CJR Daily son fuentes de inspiración infinita. Con frecuencia se topa uno con casos prácticamente desconocidos y que sirven de ilustración perfecta del estado de las cosas en el mundo del periodismo en este país. Veamos el último caso lacrimógeno.

Ayer jueves apareció una crónica firmada por Susan Stranahan en la que comparte sus impresiones a raíz de su asistencia a una conferencia de profesionales de la prensa que se celebró el pasado miércoles en Washington. Allí, unas cincuenta personas discutieron animadamente el caso del periódico “Madison County Record” que semanalmente se publica en el suroeste del estado de Illinois. Con una tirada distribuida de 8.000 ejemplares sorprende que sea objeto de tal atención, más aún teniendo en cuenta que, en lugar de cubrir la actualidad local, se centra en un solo tema: nada más que juicios y pleitos. Y es que esa publicación lleva una carrera bien breve: fue fundada en el mes de septiembre del año pasado.

A simple vista y sin más datos, uno dudaría que ello pudiese ser una empresa rentable, menos aún de suficiente interés como para merecer la atención de una congregación de medio centenar de profesionales, que con frecuencia se ocupan de temas de envergadura global. ¿Cómo demonios explicar tal entusiasmo profesional ante un medio tan desconocido que se ocupa de casos como el litigio de la señora Varwig contra la empresa propietaria del vehículo contra la que chocó, en pos de $100.000 por daños y perjuicios? Ya puestos: ¿por qué dedicarle la presente entrada en mi bitácora? Y encima, figura en la categoría dedicada a asuntos relacionados con el Presidente Bush…

Claro está: hay gato encerrado.

El pasado 6 de diciembre, el Washington Post publicó un artículo en portada firmada por su editor experto en actualidades políticas Jeff Birnbaum, en el que revela que el Madison County Record es un periódico fundado por… La U.S. Chamber of Commerce que aportó $200.000 para su creación. Con esta iniciativa, la entidad no gubernamental — que, de manera similar a su ente homólogo en España, representa los intereses de unas tres millones de empresas afiliadas en los EE. UU. — quiso abrir un nuevo frente en su batalla contra lo que considera una excesiva tendencia a recurrir a pleitos y juicios, de los que son objeto frecuente sus afiliados.

Aquí debería abrir un paréntesis para apuntar mi opinión que en EE. UU. existe, efectivamente, un cierto culto al mundo de los tocados y sus señorías, si se compara el caso con otros países desarrollados. Pero es que en este país también se da otra circunstancia que, a mi juicio, viene a explicar bastante bien tal situación. En términos relativos, hay una casi obsesión con la delimitación de los poderes de las administraciones públicas, entiéndase como a favor de la ciudadanía o, desde el otro punto de vista, en contra de conferir extensos poderes al gobierno federal.

Es una forma de ver y entender la función pública con la que prácticamente se construyó esta nación, hace más de dos siglos. De ahí la antigüedad de la noción de soberanía para los actuales estados componentes de los EE. UU.; de ahí la idea de legislar lo más cerca posible del ciudadano — tendiente a regular a nivel local, en lugar de federal — de ahí también la generalizada opinión favorable al “empresariado libre” y, no por último, también de ahí es de donde sale el fervor casi religioso con el que tantos defienden el “derecho constitucional” de poseer y portar armas. (Por cierto, en este último tema, lo más indicativo es que el argumento final que se esgrime, más allá de filigranería constitucionalista, es que “los fundadores del país” así lo querían, dejando armado al pueblo por si su gobierno federal — el mismo que eligen en la democracia más grande del mundo — procura implantar ideas contra las que hay que sublevarse. Vamos, ni una guerra civil les puso las cosas en su sitio.) Por no mencionar al arraigo del movimiento de libertades civiles.

Podría también apuntar a la situación un tanto, digamos, sorprendente en el campo de educación, donde un diploma de bachillerato superior (el high school en vernáculo local) no se puede comparar de un estado a otro, e incluso dentro del mismo estado existen diferencias entre los criterios académicos empleados por los distritos escolares que a su vez gozan, para variar, de bastante autonomía en cuanto al contenido y la didáctica empleada. Y esa autonomía se defiende a capa y espada; cuando el Presidente Clinton quiso introducir un plan de una cierta homologación escolar, la derecha en este país se echó encima como una jauría, indignada que un proyecto “federalista” se metiera como el Gran Hermano de Orwell en asuntos propios del estado individual.

En fin, todo ello son ejemplos que soslayan mi opinión que se gusta mucho pensar en términos de libertad individual en este país, condición por el que creo son bastante reacios a introducir legislación a nivel nacional (federal) como instrumento regulador de los enfrentamientos de intereses tanto individuales como colectivos. Y ahí voy: los tribunales son, en mi opinión, usados como sustituto de normas aplicadas por un gobierno. O sea, creo que mucho de “la excesiva judicialización” que se recrimina desde, sobre todo, los conservadores más férreos, es ni más ni menos que la otra cara de la moneda con la que pagan sus platos rotos.

Ya de regreso al tema que inspiró esta entrada: entre los fieles del sector ultra conservador, los mismos que ven “avalada” su agenda con la reelección de George W. Bush, existe auténtica manía por “atajar” el acceso a las cortes en pleitos que básicamente, alegan, no hacen más que entorpecer la agilidad empresarial, y sobrecargar al consumidor que al fin y al cabo pagará por la “locura.”

Total, que entre la derecha se ha tomado manía con los abogados; se empleó esa calaña de prejuicios contra “el abogado” John Edwards, en su fallida campaña de ser elegido Presidente primero, y Vicepresidente después como compañero de viaje de John Kerry. Decir “el abogado John Edwards” es decir, con más finura política, que es un tiburón sin piedad y agresor frente a las auténticas víctimas en los pleitos en los que intervino - los empresarios demandados.

Pues bien, la campaña en contra de los pleitos y juicios — en la que la U.S. Chamber of Commerce juega, es evidente, un destacado papel — ahora ha conducido a una situación en la que se crean medios, para desde el púlpito editorial desfogarse contra la obsesión con los pleitos.

Me cuesta imaginar la que se habría armado en el hipotético caso que — con una indirecta similar — el gobierno de Aznar hubiera adquirido o fundado un periódico para apuntalar, digamos, la introducción de la entretanto malograda Ley Orgánica de Calidad de la Educación o LOCE.

Por supuesto, ni me sorprende ni me preocupa que en un país que prácticamente se inventó la mercadotecnia existan empresas de relaciones públicas, y que hagan sus labores comerciales ¡faltaría más! Más me preocupa que con tanta impunidad se juegue con políticos hasta el punto de escribir texto legislativo listo para votar — que luego efectivamente se vota, a veces hasta sin mirar — y así creando aguas tan turbias como peligrosas. Cuando el brazo legislativo deja de operar con necesaria transparencia, más imperativamente necesaria se hace la función de la prensa como cuarto poder.

Lo trágico, sin embargo, es que la revelación del Washington Post del auténtico propietario del Madison Record no solamente no ha causado gran revuelo, sino que le parace todo muy bien a los propios profesionales de la prensa, según explica Susan Stranahan en su crónica: ella fue, entre medio centenar de asistentes, la única persona a quien se les pusieron los pelos de punta, ante tamaña colisión (o colusión) de funciones y responsabilidades públicas.

Entre el caso anteriormente mencionado del “periodista” Armstrong Williams — es altamente significativo que por directas o indirectas un gobierno se sirva de su credibilidad como comentarista — y el caso del Madison County Record, la verdad es que no me cabe la menor duda de que existe una auténtica crisis de confianza que no “solamente” afecta a la clase política en este país, sino — cosa peor — se extiende hasta el propio sector de los medios informativos. De no existir un empeño por mantener (o salvar) la credibilidad editorial de los profesionales en los medios, ¿quién se sorprende ante la riada revuelta en la que se intercambian acusaciones con tal facilidad de una “falta de normas y valores?”

En tal situación, es muy fácil entender cómo, por qué y hasta qué punto la gente se hace de la picha un lío. De no hacerse valer la prensa, es que no vale para nada.

Posdata:

Se me escapó comentar que el condado de Madison, en el estado de Illinois, se considera el lugar donde más se inician los así llamados “pleitos frívolos” — véase el caso de la señora Varwig y la magnitud de su demanda — y ése es el motivo por el que la U.S. Chamber of Commerce tomó interés en crear una publicación de ese tipo y en ese lugarzuelo. También es de interés destacar que el propio Presidente Bush ha hecho acto de presencia en ese condado, para destacar la inusual propensidad a los pleitos de los locales y, más que nada, darle al bombo de la causa antipleitos.